El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Corredores de Bienes Raíces, Eduardo Santos exigió al gobierno que detenga el supuesto alza de contribuciones sobre patentes municipales en algunos municipios de la isla.
“Resulta alarmante el patrón que estamos viendo de municipios aumentando el impuesto de la propiedad inmueble a los dueños de propiedades que ya cumplen su responsabilidad, en lugar de ponerse a identificar aquellas propiedades que no están pagando”, sostuvo Santos en declaraciones escritas.
Para Santos “los alcaldes y alcaldesas no pueden seguir empeorando la crisis que atraviesa la industria de bienes raíces, a la vez que castigan injustamente al ciudadano responsable, mientras no hacen nada por reformar el sistema de recaudación de impuestos sobre la propiedad para identificar a las miles de propiedades que no están contribuyendo. Estamos hablando de cerca de 500,000 propiedades que hoy no tributan y que podrían generar ingresos de hasta 250 millones de dólares durante el primer año y hasta 1,000 millones de dólares al cabo de tres años”.
Explicó que entre los municipios que han aprobado ordenanzas aumentando impuestos se encuentran Caguas, San Lorenzo, Ponce, Carolina, Juncos y Aibonito.
La presidenta del Comité de Asuntos Legislativos de la PRAR, Vanessa Rivera, por su parte, hizo un llamado al gobierno y a la legislatura a que adopte una serie de recomendaciones elaboradas por un panel de expertos convocados por la Asociación, para reformar el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles.
“Nuestras recomendaciones toman en consideración la necesidad que tienen nuestros municipios de identificar nuevos recaudos. Y esto es posible sin tener que aumentar ningún tipo de impuesto. Lo fácil es aumentarle las contribuciones al que ya cumple, pero lo correcto es reformar el sistema para fortalecer la industria de bienes raíces, impulsar la economía y que los alcaldes reciban los fondos que necesitan”, enfatizo Rivera.
La propuesta de la Asociación está contenida en el documento “Recomendaciones para el Recaudo y Manejo de Impuestos sobre Bienes Inmuebles en Puerto Rico”.
Se informó que dicha propuesta fue enviada el pasado 23 de mayo a varios líderes gubernamentales, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló, los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Tomas Rivera Schatz, los líderes de la Asociación y Federación de Alcaldes, y al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Ensenat.
Las propuestas incluyen:
Identificación e integración de propiedades que actualmente están fuera del sistema
Mayor eficiencia y utilidad en el uso del sistema de catastro digital
Una vez identificadas, separar las propiedades que son elegibles para ser exoneradas y exentas de contribuciones
Restructurar el CRIM (o crear una nueva estructura) para que estas recomendaciones sean implementadas utilizando en pleno, la ley del empleador único
Mayor transparencia explicando a los contribuyentes en términos de porcentajes, para qué se utilizan sus contribuciones
Tasación digital con un proceso de apelación disponible y multas para aquellos propietarios que no cumplan con su obligación contributiva
Modernizar la metodología de tasación (actualmente de los años ‘50) a un sistema de valor de mercado que incluya los factores de depreciación
“Hay propuestas para evitar aumentos. Hace falta voluntad para implantarlas. Que sepan todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico que los aumentos contributivos que impulsan serán la estocada final a la industria de bienes raíces y la sentencia de muerte a nuestra ya deteriorada economía”, concluyó Santos.
Corredores de Bienes Raíces alentan a los municipios a no empeorar la crisis
El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Corredores de Bienes Raíces, Eduardo Santos exigió al gobierno que detenga el supuesto alza de contribuciones sobre patentes municipales en algunos municipios de la isla.
“Resulta alarmante el patrón que estamos viendo de municipios aumentando el impuesto de la propiedad inmueble a los dueños de propiedades que ya cumplen su responsabilidad, en lugar de ponerse a identificar aquellas propiedades que no están pagando”, sostuvo Santos en declaraciones escritas.
Para Santos “los alcaldes y alcaldesas no pueden seguir empeorando la crisis que atraviesa la industria de bienes raíces, a la vez que castigan injustamente al ciudadano responsable, mientras no hacen nada por reformar el sistema de recaudación de impuestos sobre la propiedad para identificar a las miles de propiedades que no están contribuyendo. Estamos hablando de cerca de 500,000 propiedades que hoy no tributan y que podrían generar ingresos de hasta 250 millones de dólares durante el primer año y hasta 1,000 millones de dólares al cabo de tres años”.
Explicó que entre los municipios que han aprobado ordenanzas aumentando impuestos se encuentran Caguas, San Lorenzo, Ponce, Carolina, Juncos y Aibonito.
La presidenta del Comité de Asuntos Legislativos de la PRAR, Vanessa Rivera, por su parte, hizo un llamado al gobierno y a la legislatura a que adopte una serie de recomendaciones elaboradas por un panel de expertos convocados por la Asociación, para reformar el sistema de impuestos sobre bienes inmuebles.
“Nuestras recomendaciones toman en consideración la necesidad que tienen nuestros municipios de identificar nuevos recaudos. Y esto es posible sin tener que aumentar ningún tipo de impuesto. Lo fácil es aumentarle las contribuciones al que ya cumple, pero lo correcto es reformar el sistema para fortalecer la industria de bienes raíces, impulsar la economía y que los alcaldes reciban los fondos que necesitan”, enfatizo Rivera.
La propuesta de la Asociación está contenida en el documento “Recomendaciones para el Recaudo y Manejo de Impuestos sobre Bienes Inmuebles en Puerto Rico”.
Se informó que dicha propuesta fue enviada el pasado 23 de mayo a varios líderes gubernamentales, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló, los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Tomas Rivera Schatz, los líderes de la Asociación y Federación de Alcaldes, y al secretario de la Vivienda, Fernando Gil Ensenat.
Las propuestas incluyen:
Identificación e integración de propiedades que actualmente están fuera del sistema
Mayor eficiencia y utilidad en el uso del sistema de catastro digital
Una vez identificadas, separar las propiedades que son elegibles para ser exoneradas y exentas de contribuciones
Restructurar el CRIM (o crear una nueva estructura) para que estas recomendaciones sean implementadas utilizando en pleno, la ley del empleador único
Mayor transparencia explicando a los contribuyentes en términos de porcentajes, para qué se utilizan sus contribuciones
Tasación digital con un proceso de apelación disponible y multas para aquellos propietarios que no cumplan con su obligación contributiva
Modernizar la metodología de tasación (actualmente de los años ‘50) a un sistema de valor de mercado que incluya los factores de depreciación
“Hay propuestas para evitar aumentos. Hace falta voluntad para implantarlas. Que sepan todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico que los aumentos contributivos que impulsan serán la estocada final a la industria de bienes raíces y la sentencia de muerte a nuestra ya deteriorada economía”, concluyó Santos.