Todas las urbanizaciones con control de acceso estarían regidas próximamente por una misma ley, que no solo establecería la mediación como primera alternativa para resolver disputas internas, sino que, en segunda instancia, permitiría que a los residentes que adeuden cuotas de mantenimiento se les restrinja el acceso a las áreas consideradas “elementos comunes”.
El Proyecto de la Cámara 909, presentado el miércoles pasado por los representantes novoprogresistas Yashira Lebrón y Jorge Navarro Suárez, crearía la “Ley de procedimientos uniformes de urbanizaciones sometidas al régimen de control de acceso”.
La medida aplicaría igualmente a aquellos complejos de vivienda que, desde sus orígenes, tienen acceso controlado y a los que adoptaron ese sistema luego de construidas las residencias.
“Se uniformaría y se crearía un proceso para llegar a un acuerdo. Ahora mismo, no hay manera de llegar a un acuerdo, si tienes tres meses de atraso, vas automáticamente a los tribunales. El proyecto establece unos parámetros, si el residente no tiene los pagos al día, va a un proceso de mediación, y si no funciona o no llega a un acuerdo, pasaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)”, indicó Lebrón a El Nuevo Día.
“Limbo jurídico”
La legislación, según su exposición de motivos, busca subsanar el “limbo jurídico” en el que se encuentran las urbanizaciones con control de acceso, para atender controversias relacionadas con sus procedimientos administrativos, lo que incluye el manejo de casos de residentes con deudas por concepto de cuotas de mantenimiento.
La “Ley de control del tráfico de vehículos de motor y uso público de ciertas calles” (Ley 21-1987), que dispone cómo se establece el control de acceso, no provee remedios para ese tipo de conflictos.
El proyecto ante la consideración de la Cámara de Representantes aplicaría a disputas entre propietarios, entre estos y la administración del complejo, o con la Junta de Directores que establece e implanta el reglamento que el concejo vecinal ratifique.
Marco Rosado, presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, explicó que actualmente cada urbanización se rige por sus propios estatutos para dirimir esas controversias, y entre las medidas que toman contra los vecinos morosos, figura restringir el acceso a las áreas comunes como piscinas, centros comunales e instalaciones recreativas.
“El que esté en una ley le da mucha más fuerza porque, después de todo, ese estatuto podría ser impugnado en algún tribunal”, dijo Rosado a este medio.
Suspensión
Cuando algún residente adeude tres o más plazos del pago de mantenimiento, la legislación propuesta facultaría a la junta directiva a ordenar que se suspenda el uso de los elementos comunes.
La medida también define como “elemento común” los estacionamientos de visitantes, los jardinesy áreas verdes e, incluso, los locales donde se ubican instalaciones de “servicios centrales”, como cisternas, tanques y bombas de agua de uso común y plantas eléctricas.
No obstante, bajo ningún concepto, se podrían suspender los servicios de agua y energía eléctrica, como ocurre en tales circunstancias en los condominios.
Antes de poner en efecto esas prohibiciones, cuando haya un primer incumplimiento, los directivos de la urbanización tendrán que notificar al residente moroso sobre su atraso, e informarle que tiene derecho a solicitar un procedimiento de mediación para intentar llegar a un acuerdo de pago consensuado.
Si ese proceso no prospera o el vecino incumple los términos del pacto, la controversia pasaría ante la consideración del DACO.
De ocurrir algún incumplimiento, el consejo de propietarios de la urbanización también quedaría facultado por ley para promover ante la junta directiva de la comunidad que se le imponga al residente una multa que no podrá exceder los $100.
Nuevas normas en las urbanizaciones de control de acceso
Un proyecto en la Cámara de Representantes establecería la mediación como primera opción para resolver disputas
Todas las urbanizaciones con control de acceso estarían regidas próximamente por una misma ley, que no solo establecería la mediación como primera alternativa para resolver disputas internas, sino que, en segunda instancia, permitiría que a los residentes que adeuden cuotas de mantenimiento se les restrinja el acceso a las áreas consideradas “elementos comunes”.
El Proyecto de la Cámara 909, presentado el miércoles pasado por los representantes novoprogresistas Yashira Lebrón y Jorge Navarro Suárez, crearía la “Ley de procedimientos uniformes de urbanizaciones sometidas al régimen de control de acceso”.
La medida aplicaría igualmente a aquellos complejos de vivienda que, desde sus orígenes, tienen acceso controlado y a los que adoptaron ese sistema luego de construidas las residencias.
“Se uniformaría y se crearía un proceso para llegar a un acuerdo. Ahora mismo, no hay manera de llegar a un acuerdo, si tienes tres meses de atraso, vas automáticamente a los tribunales. El proyecto establece unos parámetros, si el residente no tiene los pagos al día, va a un proceso de mediación, y si no funciona o no llega a un acuerdo, pasaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)”, indicó Lebrón a El Nuevo Día.
“Limbo jurídico”
La legislación, según su exposición de motivos, busca subsanar el “limbo jurídico” en el que se encuentran las urbanizaciones con control de acceso, para atender controversias relacionadas con sus procedimientos administrativos, lo que incluye el manejo de casos de residentes con deudas por concepto de cuotas de mantenimiento.
La “Ley de control del tráfico de vehículos de motor y uso público de ciertas calles” (Ley 21-1987), que dispone cómo se establece el control de acceso, no provee remedios para ese tipo de conflictos.
El proyecto ante la consideración de la Cámara de Representantes aplicaría a disputas entre propietarios, entre estos y la administración del complejo, o con la Junta de Directores que establece e implanta el reglamento que el concejo vecinal ratifique.
Marco Rosado, presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, explicó que actualmente cada urbanización se rige por sus propios estatutos para dirimir esas controversias, y entre las medidas que toman contra los vecinos morosos, figura restringir el acceso a las áreas comunes como piscinas, centros comunales e instalaciones recreativas.
“El que esté en una ley le da mucha más fuerza porque, después de todo, ese estatuto podría ser impugnado en algún tribunal”, dijo Rosado a este medio.
Suspensión
Cuando algún residente adeude tres o más plazos del pago de mantenimiento, la legislación propuesta facultaría a la junta directiva a ordenar que se suspenda el uso de los elementos comunes.
La medida también define como “elemento común” los estacionamientos de visitantes, los jardinesy áreas verdes e, incluso, los locales donde se ubican instalaciones de “servicios centrales”, como cisternas, tanques y bombas de agua de uso común y plantas eléctricas.
No obstante, bajo ningún concepto, se podrían suspender los servicios de agua y energía eléctrica, como ocurre en tales circunstancias en los condominios.
Antes de poner en efecto esas prohibiciones, cuando haya un primer incumplimiento, los directivos de la urbanización tendrán que notificar al residente moroso sobre su atraso, e informarle que tiene derecho a solicitar un procedimiento de mediación para intentar llegar a un acuerdo de pago consensuado.
Si ese proceso no prospera o el vecino incumple los términos del pacto, la controversia pasaría ante la consideración del DACO.
De ocurrir algún incumplimiento, el consejo de propietarios de la urbanización también quedaría facultado por ley para promover ante la junta directiva de la comunidad que se le imponga al residente una multa que no podrá exceder los $100.